Después de tanta ley orgánica de educación -haya tenido el apellido que
haya tenido- y a la vista de los resultados obtenidos parece que una reforma
del sistema educativo es necesaria. Una reforma que constituya una base estable
en la que no primen ideologías sino educación. Una base sobre la que se puedan
desarrollar proyectos a largo plazo que sean realmente evaluables.
Parece incomprensible el empeño de unos por mantener un sistema que no
funciona sin tan siquiera plantearse un cambio de rumbo, al menos importantes
reformas. Pero también parece incomprensible que el mal funcionamiento de este
sistema sea la excusa para pensar que cualquier cambio será para mejor; y es
incomprensible que estas modificaciones se hagan sabiendo que la ley será
derogada o al menos transformada cuando se pierda la mayoría.
Como en casi todo, la aceptación o rechazo de la LOMCE no es una cuestión
de blanco o negro, de sí o no sin matices. No estar de acuerdo en algunos
aspectos o pensar que son mejorables no significa rechazarla en su conjunto, y
a la inversa: considerar que tiene aspectos positivos no significa aceptarla en
su totalidad.
Los partidos mayoritarios se cierran en su aceptación global o en su
rechazo integral poniendo por delante del bien común sus intereses
particulares. Su aparente preocupación por el tema o sus estériles debates no
pueden ser sino poses ante las cámaras: sus actos en poco se parecen a su aparente
preocupación. Pero después de
gobiernos de unos y de otros la pelota va, viene y vuelve a ir.
Aprobada en el Parlamento con los votos del Partido Popular, partidarios y
detractores han aprovechado para manifestar sus posturas subrayando lo que para
cada uno de ellos es más importante.
Sus partidarios han destacado que la LOMCE viene a recuperar el rigor
académico y el esfuerzo, a superar ese igualitarismo que no ha hecho sino
degradar los conocimientos. Afirman que hasta ahora se ha impedido a los
alumnos más capaces alcanzar unos niveles acorde a sus capacidades al mismo
tiempo que los alumnos con dificultades se han visto obligados a cursar los
mismos estudios que el resto, lastrando así a los mejores y no consiguiendo que
se integren en el sistema educativo. La LOMCE conseguirá a su juicio que los
alumnos con capacidad intelectual y de esfuerzo no se vean arrastrados a la
mediocridad.
Para sus detractores, una de las peores consecuencias de la nueva ley es la
exclusión de los menos favorecidos. La segregación temprana puede ser el
instrumento para que, manteniéndolos oficialmente en el sistema y no computando
como fracaso escolar, se cree una vía marginal con todos aquellos que presentan
alguna dificultad en el aprendizaje y que no puedan costearse un apoyo
extraescolar. Esta postura viene respaldada por medidas que ya se han tomado:
aumento de alumnos por aula y aumento total de alumnos por profesor o lo que es
lo mismo, menos atención por parte de los profesores a aquellos alumnos que más
lo necesitan o a aquellos que
estando al borde de la mitad de la tabla pudieran superar cursos y reválidas
con un sistema más personalizado.
Defensores y críticos muestran también su acuerdo y desacuerdo en cuanto a
la consideración de la formación profesional, a la mayor centralización sobre
todo en cuanto al tema de las lenguas propias y al trato que se da a los
centros concertados. ¿Es una recuperación de la Formación Profesional o la
Formación Profesional ya había sido beneficiada al convertirse en Ciclos
Formativos y ahora va a volver a ser la salida de “los que no valen”? ¿Apoya
las lenguas propias al darles por primera vez el mismo tratamiento que al
castellano o pretende acabar con ellas? ¿El tratamiento a los centros
concertados es la respuesta lógica a la demanda social o es una forma de
convertir la enseñanza pública en marginal o de acabar con ella?
Los hechos darán o quitarán razones pero quizá haya que pensar una tercera
vía. Teniendo en cuenta que los cambios sociales suelen darse de forma pendular
–vamos de un extremo a otro- y que la disposición de los políticos para
invertir en educación no es precisamente buena, es probable que se pase de una
situación de excesivo igualitarismo a una de excesiva diferenciación entre los
“buenos” y el resto. Ni una ni otra son la mejor opción.
En líneas generales y en este sentido los fines de un sistema educativo
debieran dar posibilidad a los mejores de desarrollar sus capacidades, atender
al resto con los medios y formas necesarias para que alcancen el mejor nivel
posible, evitar por todos los medios salvar el sistema “expulsando” o buscando
puertas traseras para los rezagados, no permitir que ningún alumno deje de
alcanzar el máximo de sus posibilidades por su situación económica o social. Y
todo esto, si puede ser, educando ciudadanos libres y no individuos
adoctrinados.
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