INTERROGANTES

Mucho tienen que cambiar las cosas para que a lo largo de este curso el Partido Popular no sustituya al Partido Socialista en el Gobierno. Independientemente de que unos vean en este cambio el inicio de las transformaciones necesarias en el sistema educativo u otros piensen que va a suponer una vuelta atrás, el triunfo del Partido Popular abre un buen número de interrogantes.
¿El nuevo gobierno asumirá como tema urgente la reforma del sistema educativo? ¿Se limitarán los cambios a temas ideológicos? ¿Aprobará una ley o unos decretos basados en un pacto? ¿Serán esos cambios los adecuados para mejorar nuestro sistema?
Es evidente que las circunstancias cambian y que las prioridades se alteran, pero no podemos olvidar que en las dos legislaturas que gobernó el Partido Popular presidido por J. M. Aznar, los temas educativos apenas se encararon hasta el sexto año de legislatura en el que se aprobó la LOCE (2002), ley que ni siquiera llegó a aplicarse porque dos años más tarde los populares salían del gobierno y ley, que el propio Portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso ha calificado de “tímida reforma”. En esta situación de crisis, ¿centrarán sus esfuerzos exclusivamente en cuestiones económicas o también en las educativas?
¿A qué ámbito se aplicarán las reformas? Parece lógico que el Partido Popular de una respuesta urgente a las cuestiones más ideológicas defendidas por sus líderes y apoyadas por los votantes: reforma sustancial o eliminación de la materia Educación para la Ciudadanía o revisión de los conciertos con los centros privados. Pero sin menospreciar la importancia que se de a estos temas, están también las cuestiones directamente relacionadas con las carencias y problemas de nuestro sistema educativo: fracaso escolar, autoridad del profesor, esfuerzo, etc. ¿Se abordarán ambos ámbitos con la misma urgencia?
Si finalmente se afronta el tema de la educación y se propone una modificación normativa sustancial, ¿va a ser una ley con fecha de caducidad incluida o se va basar en un pacto por la educación?. Es decir, ¿se aprobará una ley sin consenso que desaparecerá cuando los populares abandonen el gobierno o tomarán la iniciativa para llegar a un acuerdo con el resto de partidos y conseguir así una norma estable que permanezca en el tiempo?
¿Cuál será el contenido de los cambios? En líneas generales todos estamos de acuerdo. No es cuestión política sino de sentido común que fracasamos con estas tasas de fracaso escolar, que no funciona un sistema en el que la titulación no garantiza conocimientos y preparación, que falta implicación de las familias en el proceso educativo y que el profesor no puede ser el último mono en el proceso de aprendizaje. La dificultad estriba en cuáles deben ser las normas concretas que consigan cambiar esta situación: ¿se va a sustituir la educación comprensiva por la diferenciada? ¿cómo se implica a las familias en el proceso educativo de sus hijos? ¿qué mecanismos se articulan para aumentar niveles sin conseguir al mismo tiempo que la bolsa de fracasos aumente?
Es indudable que la situación económica será un tema central para el nuevo ejecutivo, un gobierno que tendrá que seguir reduciendo el gasto. ¿Qué partidas van a ser recortadas? ¿se va a recortar más el gasto social –incluido el gasto en educación-?. Si es así, ¿se va a saber gestionar de forma que, reduciendo los gastos se mejoren los resultados?
Estoy seguro que ahora, los responsables populares tendrán respuesta a todas estas cuestiones. Pero lo importante no son las supuestas soluciones actuales, sino la práctica que vendrá cuando asuman el poder. Desgraciadamente, unos y otros, nos tienen demasiado acostumbrados a promesas que no llegan y a soluciones que no solucionan.

¿PREPARANDO EL CAMINO?

Sin ánimo de quitar importancia al resto de cuestiones que se han ido tocando últimamente, hay que subrayar un tema que me parece importante y que ha sido cuestionado en varias ocasiones: la atención a la diversidad.

Se ha argumentado que el que no quiere estudiar no estudia de ninguna manera independientemente del profesor que le de clase y del número de alumnos que estén en el aula; que la solución pasa por el orden, el respeto y el rigor científico; que la atención a la diversidad es un concepto abstracto y difuso, que no hay valoraciones de este recurso y que es tan cara como inoperante para los alumnos.

Parece que esas opiniones se refieren a los grupos que buscan esa atención a la diversidad reduciendo el número de alumnos por aula y olvidando, que también es atención a la diversidad la optatividad o las múltiples tareas que puede realizar el tutor. A pesar de todo, yo también me centraré en esos grupos reducidos.

En primer lugar, hay que aclarar que cuando hablamos de estas clases, no estamos hablando sólo de alumnos que no quieren estudiar, que tienen un mal comportamiento y que crean graves problemas de disciplina. El concepto de atención a la diversidad comprende también a alumnos con carencias significativas debidas por ejemplo a una falta importante de base, a sufrir determinadas enfermedades físicas o psíquicas, a presentar una diferencia significativa en sus capacidades intelectuales o todo al mismo tiempo.

Que los alumnos quieran o no quieran estudiar no es una cuestión tan simple. Uno puede no querer cuando las cosas siempre le salen mal, cuando nadie le anima, cuando no encuentra algo atractivo o cuando le parece inútil lo que hace. Por eso, es fundamental el profesor y el tiempo que puede dedicar a cada uno de sus alumnos. Es mucho más sencillo así, hacerles ver que son capaces de resolver problemas, animarles a seguir intentándolo, buscar contenidos y formas que les resulten más atractivas o relacionar los contenidos con la práctica. Esta es en muchos casos la diferencia entre querer o no querer.

En cuanto al orden, el respeto y el rigor necesario en el aula estoy totalmente de acuerdo. Pero está más que comprobado que ese orden y respeto puede conseguirse de forma mucho más efectiva en una clase reducida que en una de veinticinco alumnos.

La atención a la diversidad no es un concepto abstracto y difuso, sino muy concreto: adaptar los contenidos y la atención a las circunstancias individuales de cada alumno. Que debiera valorarse su eficacia de la forma más objetiva posible, totalmente de acuerdo. Pero ya que esa valoración no existe o la desconocemos, ¿cómo se puede afirmar de forma tajante su inoperancia con respecto a los alumnos? A mi la experiencia me dice justamente lo contrario.

Que es más costosa una clase de 12 ó 15 alumnos que una de 25, claro. También es más costoso un médico por cada 10.000 habitantes que uno por cada 100.000. La cuestión es ahorrar en los temas más innecesarios o donde sea más reducido el impacto del ahorro.

¿Realmente es la atención a la diversidad una medida tan inoperante, un recurso sin aspectos positivos?, ¿o se está preparando el camino para que pensemos que es un gasto inútil, y que por tanto no pasa nada por suprimirlo?