DESAHUCIOS, LA DELGADA LÍNEA ROJA.

Las nuevas acciones realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han generado que algunos políticos se hayan sentido acosados y perseguidos, coaccionados y amenazados. Unos han denunciado ante los tribunales esta situación y la opinión pública se ha posicionado a favor o en contra de las acciones de este movimiento que continua teniendo un gran apoyo social. Es verdad que esta nueva estrategia en la que se señala directamente a diputados manifestándose frente a sus propias casas recuerda las estrategias de grupos etarras. Es verdad que se sitúan muy cerca de esa delgada línea roja que separa lo legal de lo ilegal, que puede dar pie a actos de violencia directa tanto contra las personas a las que se quiere señalar como contra sus familias y sus casas. Pero también es verdad que no hay que confundir la forma con el fondo y que hasta el momento sólo en algún caso puntual se ha llegado hasta el portal de la vivienda. Las formas pueden ser parecidas o similares pero una cosa es la presión y otra la intimidación: se presiona a los interesados y se les quiere hacer llegar los problemas de primera mano, sin embargo poco tiene que ver esta pretensión de influir en los individuos con la intimidación a base de amenazas o de dianas en la cara de concejales marcándolos así como objetivos etarras. No cabe duda de que cualquier acción solo parecida a esta segunda opción sería claramente rechazada y condenada. Hay que ir un poco más al fondo. Hay que pensar cómo y por qué se ha llegado a esta situación. El “imperio de la ley” es un criterio democrático fundamental para evitar la arbitrariedad y establecer un orden por encima de los individuos, pero puede poner a los ciudadanos al límite cuando estas leyes están desvinculadas de la justicia, la proporcionalidad o el servicio a estos mismos ciudadanos; cuando están desvinculadas de la voluntad general y no se ven perspectivas de cambios. Por otro lado no hay que confundir legitimidad legal con legitimidad moral, porque esta confusión nos vuelve a situar frente a esa delgada línea roja que puede llevarnos a la negación del sistema democrático. Es legítimo desde un punto de vista legal que un banco ejecute un desahucio cuando los hipotecados han dejado de pagar su hipoteca. Pero ¿es legítimo desde un punto de vista moral que una entidad que ha recibido millones de euros públicos para salvar su negocio deje en la calle a una familia que a causa del paro ha cometido impagos? ¿es legítimo que además lo haga aplicando unas condiciones abusivas? Unas leyes injustas generan en su seno las condiciones de su propia destrucción. Margaret Mead y otros pensadores han dicho que un pequeño número de ciudadanos puedan cambiar el mundo y la historia nos enseña que los grandes cambios las realizan personas que no tienen nada que perder. Perdido el empleo y la vivienda, los ahorros de toda la vida y sin unas perspectivas de futuro, ya queda poco por conservar. Si además no se da respuesta, se aplaza demasiado o se continua siendo injustos no se puede pedir confianza, paciencia y tranquilidad social. No se puede estirar y estirar pensando que la goma nunca se va a romper. No se puede abocar al desempleo y al desahucio al mismo tiempo que se pide mente fría y resignación. Ponernos al borde del precipicio es peligroso. No saber calcular el nivel de presión que una sociedad puede soportar, arriesgado. Criticar alegremente los actos desesperados de personas desesperadas, osado. No comprenderlos, insensible. Y no legislar para evitar esta situación, irresponsable.