JUSTICIA INDEPENDIENTE

En España, desde hace mucho tiempo y con varios gobiernos de signo diferente, la justicia tiene un grave problema: los ciudadanos perciben que no es un sistema independiente. En el último informe de la Comisión Europea sobre los indicadores de la justicia, el 48% de los españoles tiene una percepción mala o muy mala de la justicia. De los veintiocho países comparados, somos el número veintiséis en cuanto a la mala percepción que tenemos de nuestro sistema judicial y entre las causas por las que creemos que la justicia no es independiente, el 49% piensa que es por la injerencia de los políticos. El problema puede ser grave o muy grave. Grave si la no independencia judicial es sólo una percepción. Muy grave, si realmente el sistema no es independiente. El primer caso –que sea sólo nuestra percepción- se puede explicar por la responsabilidad de los individuos que actúan como miembros de un colectivo y por nuestra tendencia a generalizar. Si un individuo realiza una acción siendo mayor de edad y en plenas facultades mentales es responsable de esa acción. Si esa acción la realiza como miembro de alguna asociación, partido político o cualquier otro colectivo, no está tan claro hasta dónde llega su responsabilidad y dónde comienza la del grupo. Por eso, la responsabilidad de los individuos que pertenecen a algún tipo de colectividad es doble: son responsables de si mismos individualmente tomados y son también responsables del colectivo al que pertenecen. Esa responsabilidad incluso puede ser triple si al cometer irregularidades o delitos en sus cargos están también poniendo en cuestión la institución a la que representan. Por ejemplo, alguno de los poderes del Estado. De esta forma, es fácil crear una mala imagen de la justicia cuando unos pocos miembros de ese colectivo no son imparciales. El segundo caso –que la justicia no sea realmente independiente- sería la otra cara de la moneda y a la que nos llevan otros indicadores. Hay indicios que podemos considerar de poca entidad porque puedan estar muy mediatizados o sean casos muy llamativos que ocultan una mayoría de sentencias que consideraríamos justas –por ejemplo la impresión que muchos tienen del caso Urdangarín-. Es más importante la consideración de denuncias reiteradas a lo largo de años y del mandato de diversos gobiernos hechas por los directamente implicados en los procesos judiciales: jueces, fiscales, abogados. Denuncias que se refieren a los intentos del poder político para controlar al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Denuncias que se refieren a nombramientos políticos como el del Fiscal General del Estado. Denuncias por investigaciones a jueces que cuestionan los nombramientos o cuando la juez Alaya alerta de la interferencia política en los casos de corrupción. Teniendo en cuenta estos dos opciones, podemos considerar que una mayoría de jueces pueden equivocarse pero son imparciales, al mismo tiempo que hay una duda razonable sobre la independencia de las altas instancias judiciales. Ahora, la intención del gobierno de modificar la Constitución –intención que ha durado poco más que la independencia catalana-, podía haber sido un buen momento para establecer claramente la separación de poderes y conseguir una visión más positiva de la justicia. Así, quizá en otra ocasión, no sería necesario insistir por activa y por pasiva en la independencia judicial cuando se encarcela a un gobierno autonómico. En su lugar, al menos un amplio consenso en el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado ayudaría. Aquí, el gobernante si que gobierna para todos, las instituciones son de los ciudadanos y sobrevivirán a los nombres propios y a las siglas del partido –sea el que sea- y es por tanto su obligación fundamental poner el prestigio de esas instituciones por encima de su buen nombre, de las penas de cárcel o de los votos de las próximas elecciones.