SOLIDARIDAD ESTRUCTURAL.

En situaciones especialmente catastróficas surge en algunos ciudadanos un sentimiento de empatía, de unión por los que de alguna forma se han visto afectados por esa catástrofe. Estábamos acostumbrados a que esos desastres tuvieran lugar en países lejanos: terremotos, tsunamis o hambrunas. Sin embargo, la crisis económica nos ha traído las desgracias a la puerta de nuestra casa y aunque a veces no las hayamos querido ver –vivimos en el mismo territorio pero en mundos paralelos- el paro o los trabajos mínimamente pagados han traído consigo una enorme tasa de familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas, un aumento de la pobreza infantil y energética, y por diferentes motivos, una mayor marginación: dos millones y medio de niños son pobres, se han realizado más de 600.000 desalojos hipotecarios, el impago en facturas de gas o electricidad se ha disparado y ha aumentado la xenofobia. Aquellas huchas del domund para países tercermundistas conviven ahora con bancos de alimentos para nuestros vecinos, con recogida de material escolar para compañeros de la misma clase y con donaciones para medicamentos de niños y jubilados. Es verdad que somos un país solidario y que cada campaña bate el record de la anterior, pero la solidaridad como un acto voluntario ante un hecho puntual no es suficiente. La solidaridad tiene que estar presente en la estructura de la sociedad: en sus leyes, en el reparto de la riqueza de forma proporcional y justa. Poder comprar el material escolar, comer carne un día a la semana, tener una vivienda o poder pagar la electricidad no puede depender ni de las donaciones, ni de que haya personas dispuestas a dedicar su tiempo a ONGs. La buena voluntad, la solidaridad como hábito individual es una virtud ética. Pero la virtud ética tiene que convertirse en norma jurídica para que esa solidaridad individual sea solidaridad estructural consolidada y garantizada por los poderes públicos. No sólo tenemos que ir poniendo parches a cada situación concreta sino que tenemos que analizar cuáles son las causas de esa situación y realizar los cambios necesarios para que en lugar de crear estos hechos, la estructura social los evite. En este momento crecemos por encima de la media europea, pero ese crecimiento de la riqueza no se refleja en los sueldos sino que aumenta la diferencia entre los que más tienen y los que menos. En los años más duros de depresión las grandes fortunas han aumentado en España un 50%, el país –con diferencia- que más han aumentado en relación a la media europea, al mismo tiempo que comenzada la recuperación es uno de los países que menos han aumentado los salarios y más ha incrementado la precariedad. Ha habido una importante crisis económica, pero también ha habido una profunda crisis en el sistema de redistribución de la riqueza, en la justicia social. Y una de las cuestiones más graves: no sólo es pobre el que no tiene trabajo, sino que personas que trabajan sus ocho horas siguen siendo pobres porque los sueldos y sus condiciones de trabajo no son suficientes. Hablar de redistribución de la renta se relaciona inmediatamente con subida de impuestos, cosa que provoca un rechazo casi inmediato. Pero la redistribución de la renta ni es sólo una cuestión de voluntad individual ni es necesariamente una cuestión de impuestos gestionados por el estado. La redistribución de la riqueza comienza con unos salarios justos, con un reparto de los beneficios en las nóminas que reduzca la vergüenza cada vez más cotidiana en las empresas: beneficios multimillonarios y sueldos escasos en condiciones laborales cada vez peores en las que no sólo se han perdido derechos, sino que es “peligroso” solicitar los derechos que legalmente te pertenecen.

ESTRÉS DE FIN DE AÑO

Del “Black Friday” a las rebajas pasando por el puente foral, las compras navideñas, que si me toca la lotería, que lo importante es la salud, la campaña electoral catalana, las elecciones y sus resultados, el partido Madrid – Barça, Nochebuena y Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, más compras para Reyes y por fin, la vida normal tras peregrinar buscando el mejor descuento. Este fin de año se nos presenta especialmente denso.

Además este 2017, como dice una de esas frases que circulan por la red, entre la campaña y las elecciones catalanas, el Madrid – Barça del día 23  y la cena con los cuñados, el que no discuta será porque no quiera. Las reuniones familiares van a ser especialmente intensas.

Alguien tuvo la feliz idea de poner las elecciones catalanas en fechas tan señaladas, no se si por las circunstancias políticas o por esperar que el espíritu de la Navidad de serie americana invada la campaña, quizá esperando celebrar los resultados en Nochebuena o que si se declara la independencia resulte un rollo tener que hacer otra comida de celebración entre Nochebuena y Nochevieja.

Mientras tanto, ver los resúmenes televisivos y los programas especiales -especialmente empalagosos- de estos días, escandalizarnos por la escenografía del discurso real de Nochebuena y considerar si sus palabras han sido las adecuadas, elegir en qué cadena vemos las campanadas, debatir sobre si el rey negro tiene que ser negro o pintado, lamentarnos de que los pobres Reyes Magos siguen perdiendo la partida frente a Papá Noel y el Olentzero, ir a patinar dondequiera que esté la pista de patinaje, tal vez hasta ver belenes y si en algún momento nos despistamos preguntarnos dónde quedó la Navidad original, sean tareas ineludibles para estos días.

Cuestión importante es establecer la palabra del año. En 2016 aquí decidimos que fuera “populismo” –antes fueron “refugiado”, “selfi” o “escrache”-, el Diccionario Oxford decidió que fuera “posverdad”. Este 2017 en Estados Unidos ya han decidido que esa palabra sea “cómplice”. En Inglaterra “noticia falsa”. Y en España -aún por decidir- se habla de “despacito”, “millennial” o “resilencia”. Yo creo que debiera ser “Cataluña”, aunque sea una redundancia.

Como estos días todos somos buenos, donaremos alimentos y juguetes, habrá cenas para indigentes y en los informativos, los centros de acogida serán noticia porque los más desfavorecidos  comerán turrón. El resto del año se supone que algo irán comiendo.

Nuestros soldados en misiones de paz se comerán las uvas con un ministro y unos periodistas, y algún aguerrido reportero nos mostrará la Navidad en lugares de guerra. Lugares bombardeados durante todo el año de los que hasta ahora desconocíamos su existencia y que volverán a desaparecer tras las fiestas.

Quizá incluso, entre vino del bueno y el asado, nos lamentemos de los más de 2800 migrantes muertos en el Mediterráneo o de los miles de rescatados que para nosotros son sólo unas mantas naranjas con rostros de africano. Algún desahuciado agradecerá que no lo desahucian hasta que pasen las fiestas y en algún programa de televisión se batirá el record de donaciones.

Volveremos a casa por Navidad y retornaremos con algún kilo de más, unos regalos que no usaremos nunca y ganas de volver a la ensalada. Con muy buena voluntad haremos una inversión a fondo perdido en la matrícula del gimnasio y en la primera mensualidad. Y entre bajar las cajas al contenedor, despejar la casa de juguetes, quitar el belén y el árbol, volveremos por fin a la tranquilidad de la vida habitual. Sólo tendremos que reencontrarnos con nuestro jefe, con los clientes que lo quieren todo para ayer, con llevarlos al cole y a extraescolares, con el atasco mañanero y con la cuesta de enero.  Y en cuatro días, San Fermín.

JUSTICIA INDEPENDIENTE

En España, desde hace mucho tiempo y con varios gobiernos de signo diferente, la justicia tiene un grave problema: los ciudadanos perciben que no es un sistema independiente. En el último informe de la Comisión Europea sobre los indicadores de la justicia, el 48% de los españoles tiene una percepción mala o muy mala de la justicia. De los veintiocho países comparados, somos el número veintiséis en cuanto a la mala percepción que tenemos de nuestro sistema judicial y entre las causas por las que creemos que la justicia no es independiente, el 49% piensa que es por la injerencia de los políticos. El problema puede ser grave o muy grave. Grave si la no independencia judicial es sólo una percepción. Muy grave, si realmente el sistema no es independiente. El primer caso –que sea sólo nuestra percepción- se puede explicar por la responsabilidad de los individuos que actúan como miembros de un colectivo y por nuestra tendencia a generalizar. Si un individuo realiza una acción siendo mayor de edad y en plenas facultades mentales es responsable de esa acción. Si esa acción la realiza como miembro de alguna asociación, partido político o cualquier otro colectivo, no está tan claro hasta dónde llega su responsabilidad y dónde comienza la del grupo. Por eso, la responsabilidad de los individuos que pertenecen a algún tipo de colectividad es doble: son responsables de si mismos individualmente tomados y son también responsables del colectivo al que pertenecen. Esa responsabilidad incluso puede ser triple si al cometer irregularidades o delitos en sus cargos están también poniendo en cuestión la institución a la que representan. Por ejemplo, alguno de los poderes del Estado. De esta forma, es fácil crear una mala imagen de la justicia cuando unos pocos miembros de ese colectivo no son imparciales. El segundo caso –que la justicia no sea realmente independiente- sería la otra cara de la moneda y a la que nos llevan otros indicadores. Hay indicios que podemos considerar de poca entidad porque puedan estar muy mediatizados o sean casos muy llamativos que ocultan una mayoría de sentencias que consideraríamos justas –por ejemplo la impresión que muchos tienen del caso Urdangarín-. Es más importante la consideración de denuncias reiteradas a lo largo de años y del mandato de diversos gobiernos hechas por los directamente implicados en los procesos judiciales: jueces, fiscales, abogados. Denuncias que se refieren a los intentos del poder político para controlar al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Denuncias que se refieren a nombramientos políticos como el del Fiscal General del Estado. Denuncias por investigaciones a jueces que cuestionan los nombramientos o cuando la juez Alaya alerta de la interferencia política en los casos de corrupción. Teniendo en cuenta estos dos opciones, podemos considerar que una mayoría de jueces pueden equivocarse pero son imparciales, al mismo tiempo que hay una duda razonable sobre la independencia de las altas instancias judiciales. Ahora, la intención del gobierno de modificar la Constitución –intención que ha durado poco más que la independencia catalana-, podía haber sido un buen momento para establecer claramente la separación de poderes y conseguir una visión más positiva de la justicia. Así, quizá en otra ocasión, no sería necesario insistir por activa y por pasiva en la independencia judicial cuando se encarcela a un gobierno autonómico. En su lugar, al menos un amplio consenso en el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado ayudaría. Aquí, el gobernante si que gobierna para todos, las instituciones son de los ciudadanos y sobrevivirán a los nombres propios y a las siglas del partido –sea el que sea- y es por tanto su obligación fundamental poner el prestigio de esas instituciones por encima de su buen nombre, de las penas de cárcel o de los votos de las próximas elecciones.

REFORMA CONSTITUCIONAL.

Da la impresión de que la problemática que ha planteado el independentismo catalán se ha movido exclusivamente en el ámbito del constitucionalismo o anticonstitucionalismo. Sin embargo, hace pocas fechas se ha hecho más visible, se ha puesto clara y expresamente sobre la mesa una cuestión que hasta ahora había quedado en segundo plano: una reforma constitucional.

Hasta el 11 de octubre -día en el que el Partido Popular se compromete con el Partido Socialista para realizar esta reforma- el llamado “constitucionalismo” del Partido Popular había defendido como posición inamovible el marco legal actual. Pero tras varios años en los que este partido ha considerado que era un error cambiar la Constitución, que no era una cuestión prioritaria o que no iba a solucionar el problema catalán, ha aceptado la propuesta de reforma constitucional hecha por el Partido Socialista.

Es verdad –como atacan algunos- que la Constitución del 78 es una legislación aprobada en unas circunstancias históricas vinculadas con el pasado y con el presente en el que fue aprobada. Meridianamente claro: ni más ni menos que cualquier otra circunstancia histórica o que cualquier otra decisión personal, nada ni nadie comienza desde cero. Pero esto no quiere decir que tenga menos valor del que se le atribuye ni que la Transición no sea un período ejemplar en la historia. El llamado despectivamente “régimen del 78” tiene sus luces y sus sombras y es muy fácil verlas cuarenta años después, pero ya quisiéramos ahora el talante y la visión de Estado que por unas circunstancias u otras aportaron los políticos del momento.

Ahora que parece se ha superado el miedo a la reforma constitucional será hora de que los encargados de acordar esta reforma y la sociedad a la que representan muestren un talante similar al que tuvieron los constituyentes cuando pactaron con los que los habían encarcelado o perseguido durante décadas.

A la vista de los últimos acontecimientos resulta complicado imaginar el cambio de actitud necesario para que quienes se han colocado durante años en polos tan opuestos se puedan encontrar en un punto de acuerdo. Hay elementos para dudar de su capacidad de acuerdo y concesión.

Aunque por otra parte, las circunstancias obligan.

Será hora de asumir decepciones y de resolver dificultades.

Tanto los líderes como la sociedad civil que se ha movilizado en un sentido u en otro tendrán que ser capaces de gestionar las decepciones que les esperan cuando comparen sus aspiraciones con lo conseguido. Decepciones, porque una cosa es realizar una reforma y otra alcanzar todo lo que se pretendía.

Dificultades fundamentales, como si van a existir límites previos a la reforma. Dificultades centrales, como la reforma de la ley electoral o la continuidad o no de una monarquía parlamentaria, el encaje de las demandas de unas comunidades con las de las otras, la separación de poderes. Dificultades formales, como si cada artículo debe ser refrendado individualmente por los ciudadanos, se votará la Constitución en su conjunto o se votarán individualmente los artículos que se consideren más importantes.

Habrá que establecer qué cuestiones han “envejecido” y han quedado fuera de la realidad actual, cuáles son los cambios importantes que la sociedad demanda y qué nivel de cambios se puede afrontar, qué temas quedaron en su momento demasiado vagos o imprecisos, cuáles fueron consecuencia directa de la presión franquista y cuáles han sido meramente decorativos y por tanto hay que  potenciar.

Si también la queremos llamar “transición” no será desde luego como su hermana mayor “la del 78”, pero no por ello dejará de ser necesaria y podrá ser muy positiva si sabe elegir y encajar las piezas importantes que ahora están desperdigadas por la mesa.

INDEPENDENTISMO, EL DESPERTAR DE LA IZQUIERDA.

En este punto en el que nos encontramos es más urgente buscar soluciones que responsables. Sin embargo, no es un trabajo inútil buscar causas a partir de las cuales podamos aprender a no cometer los mismos errores.

Hablo del nacionalismo -que ahora se manifiesta como catalán aunque puede ser también vasco, español, inglés o francés- que ha puesto en jaque la integridad de España y de la Comunidad Europea con las repercusiones políticas, económicas y sociales que ello conlleva.

Podemos remontarnos al proceso de creación de España como nación, a la Transición y la Constitución del 78, a la relación de los partidos gobernantes con los nacionalismos o a la mayoría silenciosa que sólo levanta la voz cuando ya le han pisado el cuello.

Entre todas esas cuestiones posibles, la consideración de fobia y rechazo a todo lo relacionado con España, el aprovechamiento que de esta situación han hecho los nacionalismos periféricos y el papel que ha jugado la izquierda en este proceso me parecen cuestiones especialmente cercanas a nuestra condición de ciudadanos de a pie sin responsabilidades políticas.

Tras cuarenta años de democracia no hemos podido desligar la “una, grande y libre” franquista de nuestro subconsciente. El concepto de España como Estado sigue relacionado con la España facha y retrógrada de los que se manifiestan con la bandera pre constitucional mientras cantan el “cara al sol”. Los símbolos nacionales son interpretados como símbolos de ultraderecha.

En este contexto y con el permiso de la mayoría silenciosa, los nacionalismos no españolistas han echado leña al fuego y han conseguido alimentar la fobia y la regresión a esta interpretación de lo nacional español como dictatorial y represivo.

Y entre este agua, se ha movido una izquierda en teoría internacionalista que no ha sabido trasmitir la idea de internacionalización como progreso y se ha dejado absorber y acomplejar por un nacionalismo reduccionista que ha sabido convencernos de que lo contrario a independentista es “facha”.

Ahora, cuando en el tablero se ha planteado un jaque mate, las piezas han comenzado a recolocarse.

No hace falta volver a Rosa Luxemburgo –activista y teórica fundamental del socialismo y el marxismo al principio del siglo XX- cuando veía en la autodeterminación nacional un refuerzo de la burguesía y una traba para la liberación del proletariado. Figuras actuales y muy representativas de la izquierda han puesto por fin sobre la mesa unas ideas que ni son “fachas” ni son nacionalistas.

Nicolas Sartorius –fundador de Comisiones Obreras, miembro del Partido Comunista de España encarcelado durante años en el franquismo- ha escrito que en las condiciones actuales “no hay nada más insolidario que romper un país… divide a los sindicatos; quiebra la caja única de la Seguridad Social garantía de las pensiones; parte la unidad de los convenios colectivos y el sistema de relaciones laborales en un espacio de mercado único que, de quebrarse, dejaría a la intemperie a trabajadores y empresas.”

Alberto Garzón -actual coordinador de Izquierda Unida- ha afirmado que el independentismo no va a permitir a las clases populares vivir mejor y que si el independentismo lo piden las partes más ricas hay que sospechar.

Carolina Bescansa –fundadora de Podemos- ha criticado que su partido se haya mantenido tan cerca de los independentistas y cree que no ha explicado debidamente que no apoyarán la independencia "ni por la vía unilateral, ni por la bilateral". Posteriormente, la dirección nacional de su partido ha intervenido la autonomía de Podemos Cataluña por su deriva nacionalista.

Paco Frutos –ex secretario general del PCE- ha dicho que hablaba en "nombre de una izquierda no nacionalista, suponiendo, permitidme la ironía, que haya una izquierda nacionalista".

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Es hora de quitarse complejos, cobardías y falsos maniqueísmos interesados que anulan opciones de cambio.