DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA LOMCE.

Como si de los resultados de unas elecciones se tratara, el dictamen del Consejo de Estado sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –LOMCE- ha sido un éxito para todos. Para el Partido Popular dicho dictamen constituye un aval porque acepta las modificaciones más importantes que la Ley introduce. Para los críticos, este dictamen del Consejo de Estado es una gran enmienda a la Ley. Comienza el informe observando dos cuestiones a mi juicio fundamentales: la “insuficiencia de la valoración económica” y “la falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas no universitarias”. Para el Consejo de Estado el coste estimado es muy limitado dada la envergadura de esta reforma estructural y la financiación que el Gobierno y las Comunidades Autónoma tienen que aportar, no está contemplada en ninguna partida presupuestaria ni se ha planteado en relación a los ajustes para la reducción del déficit que se están realizando. Es decir, se plantean reformas fundamentales como la Formación Profesional Básica gratuita, las evaluaciones externas o el plurilingüismo; pero no se contemplan las inversiones necesarias para llevarlas a cabo. En cuanto a la estabilidad del sistema subraya: “Sería muy deseable que con motivo de esta reforma se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema.” La LOMCE vuelve a ser una ley unilateral, abocada a su derogación o modificación sustancial cuando cambie el partido en el gobierno. A continuación trata cuestiones más puntuales como la anticipación en la elección de itinerarios que lleven a formación profesional o a bachillerato, la ausencia de materias relacionadas con ética y ciudadanía, las pruebas llamadas de “reválida”, la Formación Profesional Básica o la educación diferenciada. Señala el dictamen que, aunque en algunos países como Alemania se están replanteando la separación temprana y otros como Suecia y Finlandia han retrasado esta separación, se valora positivamente la regulación que presenta la LOMCE ya que la opción elegida en secundaria no condiciona el acceso a Bachillerato o a Educación Profesional. Además de la consideración de que materias que considera de “trascendencia académica” sólo sean voluntarias dice el Consejo, que merece especial atención que se eliminen del currículo las materias relativas a la formación ética y cívica, ya que a la vista de los acuerdos y recomendaciones internacionales “acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento.” Por lo cual se considera que son necesarias materias en la línea de algunas que la LOMCE elimina: Educación para la Ciudadanía, Ética o Filosofía y Ciudadanía. Más abajo se señalará la discriminación de los alumnos que al elegir Religión no podrán cursar en toda su escolarización ninguna asignatura sobre valores sociales y éticos. En cuanto a la necesidad de superar una prueba –reválida- para la obtención del título de Graduado o de Bachillerato, señala que es acorde con la legislación vigente y aprueba su finalidad “evaluar los niveles de calidad de nuestro sistema educativo, garantizar unos niveles básicos de igualdad en los requisitos exigibles a todos los alumnos cualquiera que sea su lugar de residencia”. Sobre la posibilidad de que cada Universidad tenga posibilidad de organizar además sus pruebas de acceso, a juicio del Consejo puede perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos y crear problemas en cuanto a la dificultad para acudir por motivos geográficos o de fechas. Otra de las novedades de la LOMCE, la Formación Profesional Básica resuelve algunos problemas legislativos en cuanto a la consideración de los programas de iniciación profesional actuales y sólo presenta algún problema en cuanto a su consideración como enseñanza básica ya que en el caso de no considerarse básica tampoco podría ser obligatoria. En el polémico tema de la educación diferenciada por sexos, ya que España no ha admitido como excepción a la discriminación por sexos la enseñanza separada para alumnos y alumnas, los centros que apliquen esta separación y aspiren al concierto educativo deberían aportar una justificación objetiva y razonable para justificar la excepción y deberían concretar una serie de medidas académicas para favorecer la igualdad. A pesar de estas consideraciones legales, el Consejo recuerda la importancia de la educación mixta para promover la igualdad de género, conocer, respetar y tratar con igualdad la diferencia. Como órgano consultivo no vinculante sus dictámenes son sólo orientaciones que pueden ser tenidas en cuenta o no, pero si algo tendríamos que pedir a nuestros gobernantes es –como señala el Consejo de Estado-, un acuerdo sólido y estable sobre el que levantar una Ley pensada con intención de quedarse.