TEMAS TRANSVERSALES.

No es bueno comenzar desbordados, pero sin tiempo apenas para hacernos cargo, los asuntos públicos se nos han ido agolpando durante el 2014: comisiones varias, financiación de partidos, infanta, el oscuro caso de un tal Nicolás, el caso de los ERE, tarjetas black… toda una interminable lista con nombres y apellidos que nos ha causado aburrimiento y hartazgo.

Este 2015 -año de campaña electoral desde el día 1- nos llega cuando ya estamos cansados de instituciones y gestores públicos que se han aprovechado de su situación privilegiada para ensuciar la política y ponernos a un paso de una república bananera.

Ahora llegarán las elecciones y mucho me temo que nos vamos a dedicar  a “quién es el menos corrupto” que a un debate de ideas.

Las ideas son opinables, los principios variados y los medios diversos; pero las reglas de un juego realmente democrático son estrictas. Por eso, no podemos dejar de exigir a nuestros representantes -sean del partido que sean- el cumplimiento y la implicación real en el respeto de unos principios básicos que garanticen un sistema democrático, unos principios transversales que impregnen la vida pública desde dentro y que estén presentes como algo más que una capa de barniz que oculta la realidad.

Trasparencia. Como si de un gran logro social se tratara diversas instituciones del Estado echan las campanas al vuelo porque a partir de ahora van a ser transparentes, y es que ahora se han dado cuenta de que la trasparencia tiene que ser uno de los principios del sistema. Pero todas las instituciones que gastan el dinero del contribuyente, desde siempre tendrían que haber rendido cuentas de sus gastos ante quienes los financian: los ciudadanos. Nos hubiéramos evitado así la tentación de disfrutar de viajes de placer a costa del Parlamento, de organizar fiestas con los amigos a cargo del presupuesto del ayuntamiento o de cobrar dietas duplicadas por reunirse a hablar del tiempo.

Hemos comenzado, pero todavía quedan “zonas” muy poco transparentes.

Justicia. No podemos quedarnos como si tal cosa cuando el propio presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial afirma que las leyes españolas no están pensadas para sancionar a los grandes defraudadores sino “para castigar a los robagallinas”. ¿No debe ser la justicia igual para todos? Parece que sólo en el artículo 14 de la Constitución.

Sin embargo, tras estas declaraciones, esos partidos tan interesados en acabar con la corrupción han seguido con sus cosas, como si esta situación jurídica no constituyera una gran dificultad para combatir la corrupción.

Independencia del poder judicial. ¿Alguien puede explicar que el órgano encargado de velar por la independencia de los jueces frente a otros poderes del Estado sea nombrado por otro poder del Estado? La pescadilla que se muerde la cola y la puesta en cuestión de la independencia judicial en sus altas instancias: si los controlados nombran al controlador, ¿qué garantías tenemos de su independencia?

Conocimiento e información. La mejor forma para controlar una sociedad no son unas leyes represivas basadas en el ejercicio de la fuerza, la mejor forma para controlar una sociedad es controlar la educación y los medios de información. Los mecanismos más eficaces contra la manipulación son tanto la formación necesaria para evaluar y ser crítico, como una información no ideológica o al menos plural. No podemos pretender la superación de la demagogia o del oportunismo sin una adecuada educación de la ciudadanía.

Seguramente estas y algunas otras cuestiones sirvan para recuperar un factor fundamental en una democracia representativa: la confianza y la credibilidad de quienes nos representan. Perderlas, es mucho más importantes que perder los euros que han podido llevarse a Suiza.