A pesar del mucho o poco apoyo social que las decisiones
de un gobernante tengan, es evidente que si ejerce su cargo desde la
legitimación que le han dado las urnas y el respeto a las leyes, puede tomar
tales decisiones.
Se puede por tanto subir el IVA,
el IRPF, reformar la legislación laboral, recortar en sanidad y educación,
congelar las pensiones, quitar la paga de Navidad, reducir el presupuesto para
aplicar la ley de dependencia, reducir las prestaciones por desempleo, eliminar
las deducciones por vivienda, reestructurar las administraciones públicas,
aumentar el horario comercial o liberalizar sectores como el transporte
ferroviario.
Lo que en ningún caso se puede,
es perder las formas y el respeto a los ciudadanos para los cuales se trabaja;
pasar la línea que marca la consideración, la presunción de inocencia y la
honradez de la mayoría; ejercer un cargo público -sea del rango que sea- desde
la prepotencia y desde la valoración de los ciudadanos como una masa poco inteligente
que circula por allí abajo.
Sin embargo, esta línea se ha
cruzado tanto en situaciones protagonizadas por individuos concretos como en
casos colectivos e institucionales.
En cuanto a los casos más
concretos, se ha hecho famosa la frase de la Diputada popular Andrea Fabra:
“¡Qué se jodan!”, formulada justamente cuando el presidente del Gobierno había
explicado la reducción de las prestaciones por desempleo. Dijo después la
Diputada que se dirigía a los socialistas y no a los parados –mal de todas formas-,
pero si se dirigiera a los escaños socialistas que tiene a pocos metros debiera
haber dicho “¡joderos!, a no ser que la Diputada no sepa conjugar.
Son ya frecuentes los comentarios
en tono despectivo que la Presidenta de la Comunidad de Madrid hace cuando se
refiere a organizaciones o ciudadanos que se manifiestan por algún motivo.
Últimamente, el objeto de sus comentarios han sido los mineros y quienes los
han apoyado.
Y aunque nadie puede negar que en
toda prestación social hay un porcentaje de personas que se aprovechan de ella,
nos toman a todos por tontos y a los parados por estafadores cuando en un país
en el que sólo suben las cifras del paro, la prima de riesgo y el número de
sinvergüenzas conocidos se nos dice que se reduce la prestación para estimular
la búsqueda de empleo. (¿Qué empleo?)
Además, no se nos respeta como ciudadanos cuando se nos
niega la información o directamente se pervierte el sistema democrático.
Se nos niega el derecho a estar informados cuando el propio
gobierno veta la comparecencia del Gobernador del Banco
de España para explicar la situación del sistema financiero español y de Bankia
en particular, situación que sólo podremos conocer por la investigación que
hagan los jueces tras la denuncia interpuesta por UpyD, Manos Limpias, el
movimiento 15-M y la Asociación de Bancos Cajas y Seguros (ADICAE). Y se
conculca este derecho cuando el debate sobre el estado de la nación se suprime.La democracia se pervierte cuando los que
realmente toman las decisiones no han sido elegidos en las urnas y cuando el
partido que llegó al poder ofertando un programa electoral no es que matice su
oferta, sino que hace justamente lo contrario.
Se pervierte, cuando al escuchar al señor Rubalcaba no sabemos si apoya
al señor Rajoy o todo lo contrario –véase la respuesta de Rubalcaba en la
comparecencia del miércoles 11 de julio-. Y cuando todo esto sucede sin que los
gobernados tengamos ningún recurso para pedir responsabilidades.
Que un gobernante pierda el respeto a los
ciudadanos que discrepan de sus decisiones, que actúe como el antiguo cacique
del pueblo, que el propio sistema oculte al verdadero poder o que el votante no
pueda hacer otra cosa que patalear en su casa, no son buenos síntoma para una
democracia.
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