INTERROGANTES

Mucho tienen que cambiar las cosas para que a lo largo de este curso el Partido Popular no sustituya al Partido Socialista en el Gobierno. Independientemente de que unos vean en este cambio el inicio de las transformaciones necesarias en el sistema educativo u otros piensen que va a suponer una vuelta atrás, el triunfo del Partido Popular abre un buen número de interrogantes.
¿El nuevo gobierno asumirá como tema urgente la reforma del sistema educativo? ¿Se limitarán los cambios a temas ideológicos? ¿Aprobará una ley o unos decretos basados en un pacto? ¿Serán esos cambios los adecuados para mejorar nuestro sistema?
Es evidente que las circunstancias cambian y que las prioridades se alteran, pero no podemos olvidar que en las dos legislaturas que gobernó el Partido Popular presidido por J. M. Aznar, los temas educativos apenas se encararon hasta el sexto año de legislatura en el que se aprobó la LOCE (2002), ley que ni siquiera llegó a aplicarse porque dos años más tarde los populares salían del gobierno y ley, que el propio Portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso ha calificado de “tímida reforma”. En esta situación de crisis, ¿centrarán sus esfuerzos exclusivamente en cuestiones económicas o también en las educativas?
¿A qué ámbito se aplicarán las reformas? Parece lógico que el Partido Popular de una respuesta urgente a las cuestiones más ideológicas defendidas por sus líderes y apoyadas por los votantes: reforma sustancial o eliminación de la materia Educación para la Ciudadanía o revisión de los conciertos con los centros privados. Pero sin menospreciar la importancia que se de a estos temas, están también las cuestiones directamente relacionadas con las carencias y problemas de nuestro sistema educativo: fracaso escolar, autoridad del profesor, esfuerzo, etc. ¿Se abordarán ambos ámbitos con la misma urgencia?
Si finalmente se afronta el tema de la educación y se propone una modificación normativa sustancial, ¿va a ser una ley con fecha de caducidad incluida o se va basar en un pacto por la educación?. Es decir, ¿se aprobará una ley sin consenso que desaparecerá cuando los populares abandonen el gobierno o tomarán la iniciativa para llegar a un acuerdo con el resto de partidos y conseguir así una norma estable que permanezca en el tiempo?
¿Cuál será el contenido de los cambios? En líneas generales todos estamos de acuerdo. No es cuestión política sino de sentido común que fracasamos con estas tasas de fracaso escolar, que no funciona un sistema en el que la titulación no garantiza conocimientos y preparación, que falta implicación de las familias en el proceso educativo y que el profesor no puede ser el último mono en el proceso de aprendizaje. La dificultad estriba en cuáles deben ser las normas concretas que consigan cambiar esta situación: ¿se va a sustituir la educación comprensiva por la diferenciada? ¿cómo se implica a las familias en el proceso educativo de sus hijos? ¿qué mecanismos se articulan para aumentar niveles sin conseguir al mismo tiempo que la bolsa de fracasos aumente?
Es indudable que la situación económica será un tema central para el nuevo ejecutivo, un gobierno que tendrá que seguir reduciendo el gasto. ¿Qué partidas van a ser recortadas? ¿se va a recortar más el gasto social –incluido el gasto en educación-?. Si es así, ¿se va a saber gestionar de forma que, reduciendo los gastos se mejoren los resultados?
Estoy seguro que ahora, los responsables populares tendrán respuesta a todas estas cuestiones. Pero lo importante no son las supuestas soluciones actuales, sino la práctica que vendrá cuando asuman el poder. Desgraciadamente, unos y otros, nos tienen demasiado acostumbrados a promesas que no llegan y a soluciones que no solucionan.